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El Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana a examen

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Las personas asistentes debatieron sobre la estrategia para hacer frente a los cambios legislativos conocidos como 'Código Gallardón' y 'Ley Mordaza'. Fuente: propia

Las personas asistentes debatieron sobre la estrategia para hacer frente a los cambios legislativos conocidos como ‘Código Gallardón’ y ‘Ley Mordaza’. Fuente: propia

Activistas de Legal Sol y No Somos Delito expusieron, el pasado viernes en la Casa de Socorro de Alcalá, los cambios que quiere introducir el Gobierno con la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. A la charla-debate, organizada por los grupos Legal y Asamblea 15M de Alcalá, asistió un centenar de personas, muchas de ellas participantes en diversos colectivos, grupos y asociaciones de la ciudad. Como complemento, se repartió una guía que recoge los puntos más significativos de estos cambios legislativos.

A la mesa, tres ponentes de dos grupos que marcan la lucha jurídica y, por tanto, política de los movimientos sociales madrileños. Por un lado, Legal Sol es un grupo que nació en los primeros días de la acampada, compuesto por abogados y personas intereadas en defender los derechos de la ciudadanía. A lo largo de estos casi tres años han defendido los derechos de los manifestantes, han presentado asistencia jurídica a personas detenidas y multadas, han asesorado jurídicamente a los muchos grupos y asambleas y, lo más importante, han desarrollado “un Derecho alternativo, en clave amplia y garantista, capaz de contemplar la máxima expresión de los derechos de ciudadanía”, tal y como expresan en su página web. Por el otro, No Somos Delito es una plataforma ciudadana creada en mayo de 2013 para la arquitectura legal de otra sociedad, nacida a partir de la reforma del Código Penal y también compuesta de personas interesadas en la defensa de los derechos. Surgió como respuesta a la persecución sufrida por parte del colectivo de inmigrantes en el Estado español, pero se ha ido extiendiendo a todas las áreas, con especial atención a los colectivos vulnerables y, por tanto, más castigados por esta ley: personas inmigrantes, pobres, drogodependientes y con trastornos mentales, aunque afecta a todas, como se ve en su manifiesto.

La charla comenzó con la reforma del Código Penal, presentada por No Somos Delito. La reforma criminaliza a la mayor parte de la ciudadanía y aumenta la persecución, sin justificación. “La tasa de criminalidad está en los niveles más bajos desde 2002”, dice la guía, “y de las 44.000 concentraciones/manifestaciones de 2013, solo en un 0,7% se requirió a la policía que interviniera y utilizara la fuerza”. Sin embargo, las penas se endurecen y uno de los códigos penales más duros de la Unión Europea se engrosa. ¿Qué cambia? Se crea un derecho penal del enemigo, en el que el Estado – a través del juez- puede juzgar a una persona por tener una moral distinta a la del poder. Para ello, el legislador -una persona que tiene cara, pensamiento político y está al servicio del Gobierno por cuanto que tiene mayoría parlamentaria- privilegia a los adinerados, castiga a los inmigrantes en situación irregular, a los manifestantes pacíficos, a los que roban una barra de pan o difunden por twitter una convocatoria. Definitivamente rompe con el principio de reiserción de los presos y refuerza la protección sobre bienes jurídicos como la propiedad privada, el orden socioeconómico y la seguridad ciudadana.

Como complemento de la reforma, surge el cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues muchas faltas se convierten en sanciones administrativas. Legal Sol se encargó de analizar las modificaciones, en lo que afectan sobre todo a los derechos de los manifestantes. En alusión a la protección de la seguridad ciudadana y el orden público, y más cercano a este último, engrosan la lista de conductas sancionables por vía administrativa (multas). Los ponentes expusieron cómo la mayoría de las novedades se refieren a acciones de los movimientos sociales: escalonamiento de edificios como el Congreso, manifestaciones en centrales eléctricas, impedir la ejecución de un desahucio impidiendo el paso a una comisión judicial, difundir una convocatoria, ocupar una sucursal bancaria como forma de protesta, acampar en la vía pública… se ve que prácticamente casi cualquier manifestante, por el hecho de acudir a una manifestación, podría ser multado. Pero eso no es todo: se prohibe la grabación de los agentes en el desarrollo de sus funciones, se permite que el hecho de ir con capucha o gorro sea motivo suficiente para la identificación, se legitima los registros policiales de personas identificadas, o se permite la expulsión de un inmigrante por cometer varias infracciones.

Tras esta rápida exposición, se debatió acerca del qué podemos hacer. El debate duró cerca de una hora y fue muy participativo. Unos hacían referencia a la inventiva, otros a la unión,… todos a la lucha, pero ninguno a la resignación.

Participante de Legal Alcalá

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2 pensamientos en “El Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana a examen

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